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LEVINAS LLEGA A LOS PROCESOS DE NIÑEZ: LA CORTE SUPREMA EXIGE AGOTAR LA INSTANCIA SUPERIOR.

Foto del escritor: Claudia Villar
Claudia Villar
hace 2 horas
11 min de lectura
La Corte aplica Levinas en un proceso de niñez. Análisis del interés superior del niño, la tutela judicial efectiva y la Observación General 27


En su acuerdo del 19 de noviembre de 2026, la Corte Suprema aplicó el precedente Ferrari c/ Levinas a un proceso de control de legalidad de la Ley 26.061. La decisión proyecta el nuevo itinerario recursivo sobre una materia que exige protección judicial reforzada y plantea un interrogante fundamental: ¿cómo compatibilizar la intervención del TSJ CABA con el interés superior del niño, la tutela judicial efectiva y el derecho a obtener una respuesta oportuna? La reciente Observación General n.º 27 del Comité de los Derechos del Niño aporta una perspectiva especialmente relevante para abordar esta cuestión.


El precedente Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías (Fallos: 347:2286), dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de diciembre de 2024, continúa proyectando sus consecuencias sobre los procesos tramitados ante la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


La discusión sobre la determinación del superior tribunal de la causa, inicialmente concentrada en la autonomía porteña, el federalismo judicial y la distribución de competencias, adquiere nuevas dimensiones a medida que la doctrina se aplica a procesos de distinta naturaleza.


En el acuerdo del 19 de noviembre de 2026, la Corte Suprema invocó expresamente Levinas para desestimar una queja federal en un expediente de control de legalidad de la Ley 26.061, vinculado con el sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aunque la resolución es breve y se circunscribe a un presupuesto de admisibilidad del recurso extraordinario federal, la materia involucrada invita a examinar las consecuencias del nuevo recorrido recursivo desde una perspectiva que excede la cuestión competencial.


En efecto, cuando se encuentran comprometidos derechos de niñas, niños y adolescentes, la tutela judicial efectiva no depende únicamente de la existencia de instancias de revisión, sino también de la forma en que se desarrolla el procedimiento y de la oportunidad de las decisiones, tal como comenté en un artículo publicado en SAIJ (ver acá).


La decisión de la Corte Suprema: una nueva aplicación de Levinas


En la causa “D., A. G. s/ control de legalidad — Ley 26.061” (CIV 16809/2023/8/RH2), la Corte Suprema examinó la queja interpuesta por E. R. D. contra la denegación de un recurso extraordinario federal.


El expediente provenía de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con intervención anterior del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.º 92.


La Corte desestimó la presentación directa porque el recurso extraordinario cuya denegación la había originado no se dirigía contra una sentencia emanada del superior tribunal de la causa, conforme al artículo 14 de la Ley 48 y a la doctrina establecida en Ferrari c/ Levinas (Fallos: 347:2286). El juez Carlos Fernando Rosenkrantz se remitió a su voto en Marcelina (Fallos: 349:849).

La resolución deja constancia de la intervención del Defensor General de la Nación interino y dispone comunicar lo decidido a la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con copia del dictamen.


La Corte no ingresó en el fondo del conflicto ni examinó la medida de protección que había dado origen al proceso. Tampoco desarrolló consideraciones específicas sobre el interés superior del niño, la duración del procedimiento o la incidencia de las vías recursivas sobre la efectividad de la protección judicial, sino que su pronunciamiento se concentró en la exigencia de agotar la instancia superior antes de acceder a la jurisdicción extraordinaria federal.


Sin embargo, precisamente por tratarse de un proceso de control de legalidad de la Ley 26.061, la decisión permite introducir una cuestión de especial trascendencia: la necesidad de analizar cómo debe funcionar el sistema recursivo cuando están comprometidos derechos que requieren una protección diferenciada.


El nuevo itinerario recursivo en los procesos de protección de derechos


A partir de Levinas, la Corte Suprema reconoce al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como superior tribunal de la causa respecto de los procesos de la justicia nacional ordinaria comprendidos en el ámbito del precedente.


En consecuencia, la revisión ante el TSJ CABA integra, por regla, el recorrido que debe agotarse antes de acudir a la jurisdicción extraordinaria federal.


La decisión adoptada en D., A. G. demuestra que esa exigencia también opera en expedientes vinculados con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Ley 26.061 establece un sistema de protección orientado a garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes.


En ese marco, el control judicial de las medidas de protección cumple una función esencial, pues permite examinar la legalidad de las intervenciones estatales que pueden incidir directamente sobre la vida personal y familiar de niñas, niños y adolescentes. Estos procedimientos presentan características que no pueden ser ignoradas al aplicar las reglas procesales generales.


El transcurso del tiempo puede modificar las circunstancias que justificaron una medida de protección, alterar situaciones familiares o tornar insuficiente una decisión judicial que, aun siendo jurídicamente correcta, llega demasiado tarde. Por ello, la incorporación de una instancia de revisión plantea un desafío específico.


No se trata de afirmar que una instancia adicional resulte necesariamente perjudicial. Por el contrario, la revisión jurisdiccional puede ampliar las garantías y fortalecer el control de las decisiones judiciales. La cuestión consiste en determinar si el recorrido procesal, considerado en su conjunto, permite obtener una protección efectiva y oportuna, compatible con la naturaleza de los derechos involucrados.


El interés superior del niño como principio estructural del derecho procesal


El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que, en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes adoptadas por tribunales, autoridades administrativas, instituciones públicas o privadas de bienestar social y órganos legislativos, su interés superior debe constituir una consideración primordial.


Este principio no se agota en la valoración de las circunstancias sustantivas que orientan la resolución definitiva del conflicto. La Observación General n.º 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño desarrolló su triple dimensión: derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo fundamental y norma de procedimiento.

Esta última dimensión adquiere particular relevancia frente al nuevo escenario abierto por Levinas. Cuando una decisión o una regla procesal puede afectar derechos de niñas, niños y adolescentes, corresponde considerar las consecuencias que su aplicación puede producir sobre las personas involucradas.

Ello comprende la duración del procedimiento, la posibilidad de ser escuchados, la accesibilidad de las vías de reclamación, la actividad probatoria, las medidas cautelares, la intervención de los órganos de protección y el funcionamiento del régimen recursivo.


El interés superior del niño no constituye, por lo tanto, un principio reservado a la sentencia definitiva. También debe orientar la interpretación y aplicación de las reglas que determinan cómo se organiza, desarrolla y concluye el proceso judicial.


Esta concepción ha sido desarrollada en mi trabajo ¿Puede un proceso pensado para adultos proteger realmente a un niño? El interés superior del niño como principio estructural del derecho procesal, publicado en el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) el 7 de julio de 2026, bajo el identificador DACF260062. Allí sostuve que el interés superior del niño ha dejado de constituir exclusivamente un principio rector del derecho sustancial para convertirse en un verdadero principio estructural del derecho procesal, capaz de condicionar la interpretación y aplicación de todas las instituciones procesales cuando el litigio involucra derechos de niñas, niños y adolescentes.


Esta perspectiva supone reconocer que la tutela judicial efectiva no depende únicamente del acierto de la sentencia que pone fin al litigio, sino también del modo en que el procedimiento ha sido organizado y desarrollado. Un proceso que impida la participación del niño, restrinja injustificadamente su actividad probatoria, aplique rígidamente institutos procesales incompatibles con su situación de vulnerabilidad o prolongue irrazonablemente la duración del litigio puede producir una afectación de derechos de igual o mayor gravedad que una sentencia jurídicamente incorrecta.


En ese trabajo señalé, asimismo, que el régimen de recursos debe interpretarse desde una perspectiva de protección reforzada y que las instituciones procesales tradicionales no pueden aplicarse mecánicamente cuando ello conduce a frustrar derechos fundamentales.


La aplicación de Levinas a una causa de protección de derechos de niñez permite proyectar esta reflexión sobre el nuevo itinerario recursivo. Si la intervención del TSJ CABA integra el recorrido que debe agotarse antes de acceder a la Corte Suprema, corresponde examinar cómo se articula esa exigencia con las garantías procesales específicas de estos procedimientos.


No se trata de desconocer las reglas de competencia ni de sostener que el interés superior del niño habilite automáticamente a prescindir de las instancias judiciales legalmente previstas. Se trata de reconocer que la interpretación y aplicación de esas reglas debe resultar compatible con el mandato constitucional y convencional de protección reforzada.


La Observación General n.º 27: acceso a la justicia y derecho a un recurso efectivo


La reciente Observación General n.º 27 (2026) del Comité de los Derechos del Niño, dedicada al derecho de niñas, niños y adolescentes al acceso a la justicia y a un recurso efectivo, ofrece un marco especialmente relevante para profundizar este análisis.

El documento, identificado como CRC/C/GC/27, desarrolla estándares orientados a garantizar que los mecanismos de justicia sean accesibles, adecuados a las necesidades de niñas, niños y adolescentes y capaces de proporcionar respuestas efectivas.

Su importancia radica en que permite distinguir entre la existencia formal de un recurso y su capacidad real para proteger los derechos comprometidos. Un ordenamiento puede reconocer múltiples instancias de revisión y, sin embargo, presentar dificultades para brindar respuestas oportunas o accesibles a quienes necesitan protección.

El derecho a un recurso efectivo exige algo más que la posibilidad abstracta de presentar una impugnación. Requiere que los mecanismos disponibles puedan funcionar adecuadamente, que sus titulares tengan posibilidades reales de utilizarlos y que las decisiones adoptadas permitan remediar las vulneraciones de derechos.


La Observación General n.º 27 también pone de relieve la dimensión temporal de la justicia. El transcurso del tiempo puede producir consecuencias especialmente graves en la vida de niñas, niños y adolescentes, porque sus necesidades de protección y sus circunstancias personales evolucionan durante el desarrollo del procedimiento. Una decisión tardía puede resultar insuficiente para restablecer una situación jurídica o personal que se ha transformado de manera irreversible. Por ello, la oportunidad de la respuesta constituye un componente central de la efectividad de la tutela judicial.


Este estándar ofrece una perspectiva novedosa para examinar las consecuencias procesales de Levinas. La pregunta no debe limitarse a determinar si existe una instancia adicional de revisión, sino también si su funcionamiento permite obtener una decisión útil dentro de un plazo compatible con la naturaleza de los derechos comprometidos.


En tal sentido, la Observación General n.º 27 no establece una excepción automática al agotamiento de las instancias judiciales ni contiene un pronunciamiento específico sobre el sistema recursivo argentino. Su relevancia consiste en aportar criterios interpretativos para evaluar cómo deben funcionar los procedimientos judiciales cuando están involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes.


¿Una instancia adicional siempre significa mayor protección?


El precedente Levinas modifica el itinerario recursivo de los procesos comprendidos en su doctrina al incorporar la revisión ante el TSJ CABA como instancia superior que debe agotarse antes de acceder a la Corte Suprema. Desde una perspectiva institucional, esa intervención puede fortalecer el control judicial.


Sin embargo, desde la perspectiva del acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, la eficacia del sistema no puede medirse exclusivamente por la cantidad de tribunales que intervienen.


La tutela judicial efectiva requiere considerar la accesibilidad de los recursos, la posibilidad de obtener medidas de protección urgentes, la continuidad de las garantías durante el procedimiento y la duración total del recorrido judicial.


En determinados asuntos, una revisión adicional puede permitir corregir errores relevantes o ampliar la protección de derechos, pero en otros, si no se encuentra acompañada de mecanismos procesales adecuados, podría incrementar los tiempos necesarios para obtener una respuesta definitiva.


La protección judicial efectiva no se identifica únicamente con la posibilidad de recurrir, sino también con la posibilidad de obtener una respuesta útil cuando todavía puede proteger el derecho comprometido.


Exige examinar el funcionamiento concreto de las vías recursivas y las características de los derechos involucrados. En los procesos de niñez, ello requiere prestar especial atención a las medidas cautelares y de protección, a la tramitación prioritaria de los asuntos urgentes y a la prevención de dilaciones que puedan comprometer la finalidad del procedimiento.


Levinas, exceso ritual manifiesto y tutela judicial efectiva.


La aplicación de las reglas procesales a los procesos de niñez también debe examinarse desde la doctrina del exceso ritual manifiesto.


La Corte Suprema a partir del fallo "Colalillo" ha señalado que las formas procesales no pueden convertirse en obstáculos que frustren la realización efectiva de los derechos fundamentales. Esta doctrina adquiere especial relevancia cuando se trata de procedimientos que involucran derechos de niñas, niños y adolescentes, pues el rigor formal debe armonizarse con las exigencias de protección reforzada que derivan del bloque de constitucionalidad y convencionalidad.


En mi artículo La doctrina del exceso ritual manifiesto: el fallo Colalillo de la Corte Suprema sigue siendo el límite infranqueable al formalismo judicial, publicado en SAIJ el 24 de abril de 2026 (DACF260040), abordé la vigencia de esta doctrina como límite a una aplicación de las formas procesales que pueda comprometer la tutela judicial efectiva.


Esta perspectiva si bien no implica sostener que el rechazo de la queja en D., A. G. constituya un supuesto de exceso ritual manifiesto, permite recordar que la aplicación de los requisitos recursivos debe ser examinada a la luz de las garantías constitucionales y convencionales que rigen los procesos de protección de derechos.


El desafío consiste en evitar que la estructura procesal, concebida como instrumento de garantía, se transforme en un obstáculo para la realización de los derechos que está llamada a proteger.


Una nueva dimensión para el análisis de Levinas


El debate sobre Levinas ha estado atravesado por cuestiones de autonomía institucional, federalismo judicial, distribución de competencias y determinación del superior tribunal de la causa.


El pronunciamiento del 19 de noviembre de 2026 permite incorporar una perspectiva complementaria ya que cuando el proceso involucra derechos de niñas, niños y adolescentes, el itinerario recursivo debe analizarse también desde las exigencias de tutela judicial efectiva diferenciada.


Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, junto con los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, proporcionan el marco normativo para esta evaluación. La Observación General n.º 14 aporta la comprensión del interés superior del niño como garantía procesal, mientras que la reciente Observación General n.º 27 profundiza el contenido del acceso a la justicia y del derecho a un recurso efectivo.


La articulación de estos estándares permite formular un interrogante que adquiere especial relevancia para la evolución de la doctrina Levinas:


¿Cómo garantizar que la intervención de una instancia judicial adicional amplíe efectivamente la protección de derechos sin comprometer la oportunidad de las decisiones?


El caso D., A. G. no ofrece una respuesta a esta pregunta. La Corte se limitó a aplicar la exigencia del superior tribunal de la causa y a desestimar la queja federal. Sin embargo, su decisión constituye un punto de partida para examinar cómo deberá funcionar el nuevo recorrido recursivo en los procedimientos que requieren una protección judicial especialmente sensible al tiempo y a las circunstancias personales.


Reflexión final


La decisión de la Corte Suprema del 19 de noviembre de 2026 aplica la doctrina establecida en Ferrari c/ Levinas a un proceso de control de legalidad de la Ley 26.061.


Su importancia reside en que permite incorporar al debate sobre el superior tribunal de la causa una dimensión que no puede quedar relegada: las exigencias procesales específicas de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La reciente Observación General n.º 27 del Comité de los Derechos del Niño refuerza la necesidad de analizar el acceso a la justicia desde una perspectiva que contemple no solamente la disponibilidad formal de recursos, sino también su accesibilidad, oportunidad y eficacia.


Esta perspectiva se vincula directamente con la concepción del interés superior del niño como principio estructural del derecho procesal, que exige interpretar las instituciones procesales desde una finalidad de protección reforzada.


En este contexto, el interés superior del niño debe operar como una pauta de interpretación y aplicación de las reglas procesales, mientras que la tutela judicial efectiva exige verificar que el sistema de revisión pueda brindar una respuesta adecuada a los derechos comprometidos.


El desafío no consiste en contraponer el nuevo itinerario recursivo establecido por Levinas con la protección de la niñez, sino en asegurar que ese recorrido funcione verdaderamente al servicio de sus derechos.


La consolidación del precedente deberá evaluarse, por lo tanto, no solo por la extensión de la competencia revisora del TSJ CABA, sino también por su capacidad de contribuir a una justicia efectiva, accesible y oportuna.


Ficha jurisprudencial


Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Causa: D., A. G. s/ control de legalidad — Ley 26.061.

Expediente: CIV 16809/2023/8/RH2.

Fecha: 19 de noviembre de 2026.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F.

Decisión: Desestimación de la queja por no dirigirse el recurso extraordinario federal contra una sentencia del superior tribunal de la causa.

Precedentes: Ferrari c/ Levinas (Fallos: 347:2286) y Marcelina (Fallos: 349:849), este último citado por remisión del juez Rosenkrantz.


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