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EL EFECTO LEVINAS LLEGA A LA REFORMA LABORAL: EL TSJ AVALA EL ART. 55 DE LA NUEVA LEY.

Foto del escritor: Claudia Villar
Claudia Villar
hace 14 horas
6 min de lectura
El TSJ CABA revisa una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo tras el precedente Levinas y avala el artículo 55 de la Ley 27.802 en el caso Banco Hipotecario c/ Souto.

En el caso Banco Hipotecario c/ Souto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad confirmó, por mayoría, la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 y ordenó aplicar el nuevo régimen de actualización de créditos laborales a un juicio iniciado en 2017. El fallo constituye una nueva manifestación de los efectos del precedente Levinas sobre la justicia nacional ordinaria y abre un debate sobre la protección constitucional de los créditos laborales.


Un fallo que reúne dos transformaciones


El 18 de noviembre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ despido” (expte. TSJ 91605/2025-0).


La decisión presenta una particular relevancia porque confluyen dos transformaciones jurídicas: la ampliación de la competencia revisora del TSJ sobre las sentencias de la justicia nacional ordinaria, derivada del precedente Ferrari c/ Levinas (Fallos: 347:2286), y la aplicación del nuevo régimen de actualización de créditos laborales establecido por la Ley 27.802.

Por tres votos contra dos, el Tribunal admitió la queja interpuesta por Banco Hipotecario, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocó parcialmente la sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.


La mayoría, integrada por Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, consideró constitucionalmente válido el artículo 55 de la Ley 27.802. En disidencia, Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz sostuvieron que esa disposición vulneraba garantías constitucionales.



¿Cómo llegó el caso al TSJ CABA?


La controversia se originó en una demanda por despido promovida por María Laura Souto contra Banco Hipotecario S.A. y Aegis Argentina S.A.


La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó, en lo sustancial, la condena solidaria de ambas empresas y dispuso la actualización del crédito laboral mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con más un interés puro del 3 % anual. Para ello, confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohibían la indexación de créditos.


Banco Hipotecario interpuso recurso de inconstitucionalidad, alegando arbitrariedad, afectación de sus garantías constitucionales y apartamiento de los precedentes Oliva y Lacuadra de la Corte Suprema.


La Cámara Nacional del Trabajo desestimó in limine el recurso. Frente a esa decisión, el banco acudió directamente en queja ante el TSJ CABA.


Aquí aparece la primera consecuencia procesal relevante de Levinas: una controversia iniciada y tramitada ante la justicia nacional del trabajo fue sometida al control constitucional del máximo tribunal judicial porteño.


El TSJ no se limitó a examinar la admisibilidad de la queja. Admitió el recurso y modificó el criterio de actualización establecido por la Cámara Nacional del Trabajo.


La reforma laboral sobreviniente cambia el escenario


Mientras la queja se encontraba pendiente de resolución, el 6 de marzo de 2026 entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral.


Su artículo 55 estableció un régimen especial para los créditos laborales reclamados en juicios que se encontraran en trámite y pendientes de sentencia definitiva, incluidos expresamente los recursos de queja pendientes de resolución.

La disposición contempla la aplicación de intereses moratorios conforme a la tasa pasiva determinada por el Banco Central, sujeta a un límite máximo equivalente al capital actualizado por IPC más un 3 % anual y a un piso del 67 % de ese resultado.


La trabajadora cuestionó la constitucionalidad de la norma. Sostuvo que el nuevo régimen disminuía irrazonablemente el valor de su crédito, afectaba el derecho de propiedad, vulneraba el principio protectorio y alteraba retroactivamente las consecuencias patrimoniales de una relación laboral anterior a la reforma.


El TSJ debió resolver, entonces, no solamente la impugnación originalmente formulada contra la sentencia de la Cámara, sino también la incidencia de una modificación legislativa sobreviniente.

La mayoría: el artículo 55 es constitucional


Los jueces que conformaron la mayoría rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la trabajadora.


Consideraron que el Congreso podía establecer un régimen transitorio diferenciado para los créditos laborales correspondientes a procesos pendientes, sin que esa distinción resultara, por sí misma, arbitraria o contraria al principio de igualdad.


También descartaron que existiera un derecho adquirido a mantener determinado mecanismo de actualización cuando los accesorios del crédito no habían sido establecidos por una sentencia firme.


La mayoría destacó que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última respuesta del orden jurídico y que no corresponde a los jueces sustituir las decisiones legislativas por otras que consideren más convenientes. En consecuencia, ordenó que los accesorios del crédito laboral se determinaran conforme al artículo 55 de la Ley 27.802.

La sentencia cita, además, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en Cabana Opanasiuk c/ Unir S.A. y otros, del 5 de noviembre de 2026, relativo a la necesidad de considerar las modificaciones normativas sobrevinientes al momento de resolver.


La disidencia: una reducción incompatible con la protección constitucional del trabajador


Los jueces Lozano y Ruiz compartieron la procedencia de la queja y del recurso de inconstitucionalidad, pero discreparon profundamente con la solución de la mayoría.


Para ambos magistrados, el artículo 55 de la Ley 27.802 establecía una diferenciación constitucionalmente inadmisible en perjuicio de los trabajadores que habían iniciado sus reclamos antes de la entrada en vigencia de la reforma.


Su voto incorporó una comparación económica especialmente significativa. Para el período comprendido entre marzo de 2017 y agosto de 2026, señalaron que la tasa pasiva del BCRA arrojaba un interés acumulado del 5.930,88 %, mientras que la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) alcanzaba el 12.186,65 %. La diferencia, según la disidencia, evidenciaba que el régimen legal cuestionado no aseguraba una reparación adecuada frente a la depreciación monetaria.


Desde esa perspectiva, los jueces consideraron vulnerados el principio de igualdad, el derecho de propiedad y la especial protección constitucional del trabajador.


Propusieron declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 y aplicar la Tasa de Intereses Moratorios del BCRA, en reemplazo de la indexación dispuesta por la Cámara.


La dimensión procesal: Levinas y la revisión de las sentencias laborales


Desde la perspectiva del precedente Levinas, el pronunciamiento presenta una importancia que excede el debate sobre intereses e indexación.


El itinerario procesal permite identificar tres momentos:


  1. La Cámara Nacional del Trabajo dictó una sentencia y posteriormente rechazó in limine el recurso de inconstitucionalidad.

  2. Banco Hipotecario interpuso queja ante el TSJ CABA, habilitando la intervención del tribunal porteño.

  3. El TSJ admitió la queja, hizo lugar al recurso y revocó el aspecto de la sentencia nacional relativo a la actualización del crédito.


El caso demuestra que la revisión ante el TSJ no constituye una instancia meramente formal ni se agota en conflictos de competencia ya que el Tribunal ejerció efectivamente su potestad revisora sobre una sentencia de la justicia nacional del trabajo y resolvió una cuestión constitucional de considerable trascendencia económica.

Existe, además, un aspecto temporal particularmente relevante: la reforma laboral entró en vigencia cuando el recurso de queja ya se encontraba pendiente ante el TSJ.


La existencia de esa instancia recursiva permitió que la controversia fuera resuelta teniendo en cuenta una norma posterior a la sentencia de la Cámara. En este caso, el Tribunal aplicó el régimen legal sobreviniente y modificó el criterio de actualización establecido en la sentencia recurrida.


Un nuevo precedente laboral del TSJ.


Banco Hipotecario c/ Souto constituye una decisión relevante tanto para el derecho laboral como para el derecho procesal constitucional.


Por un lado, el TSJ avaló, por mayoría, la constitucionalidad del régimen transitorio de actualización de créditos laborales previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802, frente a un cuestionamiento fundado en los derechos de igualdad, propiedad y protección del trabajador.


Por otro, la sentencia confirma la proyección práctica de Levinas sobre el fuero laboral nacional: el TSJ CABA intervino mediante una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y modificó una decisión de la Cámara Nacional del Trabajo.


El pronunciamiento también deja abierto un debate constitucional relevante, reflejado en la división de votos, sobre los límites de la aplicación de reformas legislativas a créditos laborales pendientes de resolución definitiva.


La importancia de este fallo no reside únicamente en cómo deben actualizarse los créditos laborales, sino también en quién tiene la última palabra dentro del itinerario recursivo ordinario y constitucional que precede al eventual acceso a la Corte Suprema.


Dejo la ficha jurisprudencial y el fallo para su descarga:


  • Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Fecha: 18 de noviembre de 2026.

  • Expediente: TSJ 91605/2025-0.

  • Registro: 4501/2026.

  • Carátula: Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ despido.

  • Mayoría: Weinberg, De Langhe y Otamendi.

  • Disidencia: Lozano y Ruiz.

  • Decisión: admite la queja, hace lugar al recurso de inconstitucionalidad, revoca parcialmente la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo y rechaza el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802.



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