SE CREA COMISION POR TRASPASO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA ORDENAR LOS PROCESOS A RAIZ DE "LEVINAS"

FALLO LEVINAS BOLETIN OFICIAL TRASPASO COMPETENCIAS

Mucho se ha hablado a partir del dictado del fallo Levinas con fecha 27 de diciembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación atento el claro impacto procesal que provocó dicha decisión (ver artículo con el análisis acá) y las idas y vueltas que se han suscitado entre el Tribunal Superior de Justicia de la CABA y los tribunales nacionales.

En ese sentido, las Cámaras dictaron distintos plenarios declarando improcedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad incoado contra sus decisiones negando al TSJ porteño el carácter de Superior Tribunal (ver plenarios acá).

Ya he señalado que estas idas y vueltas procesales vulneran la tutela judicial efectiva del justiciable quien se encuentra en los avatares del proceso en un estado de total incertidumbre.

Precisamente ello fue advertido por distintas entidades desde el dictado del fallo Levinas, exhortando a las autoridades a que dicten la legislación pertinente e implementen el traspaso de competencias del Poder Judicial de la Nación a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco, el Ministerio de Justicia nacional determinó la creación de una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia y dictó la Resolución 179/2025 (ver acá). Así se dispuso:

ARTÍCULO 1º.- Créase, en el ámbito de este MINISTERIO DE JUSTICIA, una Comisión que tendrá a su cargo el estudio y análisis de la transferencia de la justicia nacional ordinaria a jurisdicción de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. La Comisión estará presidida por un representante de este MINISTERIO DE JUSTICIA y sus miembros realizarán sus funciones con carácter “ad honorem”

En cuanto a los objetivos específicos de la Comisión, busca considerar todos los aspectos necesarios para asegurar una transición eficiente y sin interrupciones en el funcionamiento de la Justicia. Entre las tareas que se le encomiendan está la evaluación de las implicancias normativas y presupuestarias, así como la continuidad del servicio judicial, tanto en el ámbito nacional como en el de CABA.

Además, trabajarán en la identificación de posibles recursos y mecanismos que faciliten la transferencia efectiva de competencias, incluyendo la integración de funcionarios, bienes materiales y el personal involucrado.

Esta decisión responde a la necesidad de cumplir con lo dispuesto por la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía política y jurisdiccional de la Ciudad desde su reforma en 1994.